La administraci??n de Donald Trump ha puesto en marcha la operaci??n militar m??s agresiva en Am??rica Latina desde la invasi??n de Panam?? en 1989. Bajo el nombre de
Operation Southern Spear (Lanza del Sur), el Gobierno estadounidense ha desplegado en el Caribe y el Pac??fico un portaaviones nuclear,
grupos de ataque navales, aeronaves de vigilancia, drones armados y sistemas rob??ticos de interdicci??n letal contra embarcaciones que considera vinculadas al narcotr??fico. El operativo introduce una ruptura dr??stica con la estrategia antidrogas de las ??ltimas tres d??cadas y redefine los l??mites de la actuaci??n militar estadounidense en la regi??n.
Para Colombia, pa??s hist??ricamente entrelazado con la pol??tica antidrogas de Estados Unidos, la nueva doctrina plantea desaf??os que trascienden lo militar: amenaza la seguridad de su poblaci??n mar??tima, tensiona la cooperaci??n bilateral, alimenta percepciones negativas en la comunidad internacional y reconfigura su posici??n en el orden hemisf??rico. Comprender el alcance y las implicaciones de Lanza del Sur resulta indispensable para interpretar el nuevo entorno geoestrat??gico que se abre en el Caribe y el Pac??fico.
Lo que sigue examina el cambio doctrinal, la magnitud de la ofensiva, el simbolismo estrat??gico del portaaviones USS Gerald R. Ford y los impactos directos que enfrenta Colombia en un escenario en el que la militarizaci??n de la lucha antidrogas adquiere dimensiones in??ditas.
Guerra abierta
El secretario de Defensa, Pete Hegseth ???cuyo cargo fue renombrado como ???secretario de Guerra?????? describi?? los objetivos de la misi??n Lanza del Sur en un comunicado difundido en la red social X el 13 de noviembre de 2025:
???(...) Esta misi??n defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que est??n matando a nuestro pueblo??? (traducci??n de la autora).
La ret??rica del ???narcoterrorismo??? ???ya empleada durante la primera administraci??n de Trump??? adquiere ahora un peso operativo real. Las embarcaciones sospechosas no son interceptadas ni perseguidas: son destruidas. Esto marca una ruptura radical con a??os de pr??cticas en las que predominaban la captura, el decomiso y la judicializaci??n, usualmente apoyadas por fuerzas locales como las de Colombia, Ecuador y Panam??.
El giro tambi??n se traduce en un retorno expl??cito a la doctrina de la acci??n unilateral. Aunque el Departamento de Estado se??ala que los ataques se realizan ???en aguas internacionales??? y bajo par??metros de seguridad nacional, varios gobiernos latinoamericanos han cuestionado tanto la falta de informaci??n como la legalidad de los bombardeos. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calific?? los ataques como ???inaceptables??? y advirti?? sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales.
En este marco doctrinal, la ???defensa del hemisferio??? ???una frase recurrente en los comunicados oficiales??? se interpreta como la justificaci??n estrat??gica para ampliar el radio de operaciones militares sin depender de la cooperaci??n regional tradicional.
La operaci??n Lanza del Sur se inici?? con una serie de ataques letales en el Caribe, lo que marc?? un cambio dr??stico en la postura militar estadounidense en la regi??n. Esta ofensiva se ha consolidado con la llegada y despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, cuya avanzada tecnolog??a y capacidad operativa refuerzan la estrategia de interdicci??n y proyectan una presencia militar sin precedentes en ???aguas latinoamericanas???.
La dimensi??n de la operaci??n representa un cambio profundo en la pol??tica estadounidense hacia la regi??n. Si en las ??ltimas d??cadas la lucha antidrogas hab??a oscilado entre la cooperaci??n policial, la asistencia t??cnica y los programas de desarrollo, la nueva estrategia del gobierno de Trump redefine el combate al narcotr??fico como un conflicto armado transnacional.
Desde septiembre de 2025, las cifras reveladas por medios internacionales confirman que la operaci??n ha escalado r??pidamente. A la fecha, el Pent??gono registra al menos veinte ataques con cerca de ochenta muertos. Ninguna de las operaciones ha resultado en capturas; todas han sido ataques precisos que han destruido las embarcaciones.
El patr??n es consistente: identificaci??n a??rea o mediante drones, seguimiento y ataque con armamento de precisi??n. No hay evidencia p??blica de que las embarcaciones hayan sido advertidas, interceptadas o retenidas. Los registros tampoco muestran intentos de rescate de sobrevivientes o de recuperaci??n de cuerpos.
Las consecuencias y los riesgos de esta ofensiva lanzada por el Gobierno de Estados Unidos se pueden resumir as??:
??? Legalidad cuestionada: la ONU y varias organizaciones de derechos humanos sostienen que los ataques constituyen posibles ejecuciones extrajudiciales, debido a la falta de debido proceso, la ausencia de capturas y la opacidad del criterio de selecci??n de los objetivos.
??? Posibilidad de v??ctimas civiles: pescadores de peque??a escala y embarcaciones de trabajo pueden ser confundidos con lanchas r??pidas en las que transportan contrabando. En regiones del Caribe colombiano, paname??o y venezolano, las lanchas con motores potentes son comunes y no necesariamente criminales.
??? Escalada dif??cil de contener: la frecuencia de los ataques ???m??s de uno por cada cuatro d??as desde septiembre??? sugiere un operativo sostenido y con reglas de enfrentamiento ampliadas.
??? Precedente militar sin retorno: la interdicci??n letal establece una nueva l??nea de acci??n que puede normalizar el uso de la fuerza militar contra objetivos en aguas internacionales.
El despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78) ha sido la se??al m??s contundente de que la operaci??n no es un mero patrullaje ampliado. Se trata del portaaviones m??s grande y tecnol??gicamente avanzado del mundo: una plataforma de casi 100.000 toneladas de peso, dotada de 75 aeronaves, un sistema electromagn??tico de lanzamiento (EMALS) y radar avanzado. Su grupo de ataque incluye destructores, buques log??sticos y aeronaves de vigilancia de largo alcance.
El USS Gerald R. Ford abandon?? operaciones en el Mediterr??neo a comienzos de noviembre de 2025 para ingresar al ??rea de responsabilidad del United States Southern Command (Southcom). El Centro de Estudios Estrat??gicos e Internacionales (CSIS) se??al?? que su presencia tiene como objetivo apoyar la destrucci??n de redes criminales mar??timas y ???defender la patria estadounidense???.
Las se??ales pol??ticas y militares detr??s del despliegue son claras:
??? Estados Unidos est?? dispuesto a emplear armas convencionales en una misi??n antidrogas.
??? Busca la proyecci??n de fuerza en el Caribe y el Pac??fico, regiones tradicionalmente sensibles para la diplomacia latinoamericana.
??? Eleva el nivel de riesgo para terceros pa??ses cuyos mares o zonas econ??micas exclusivas convergen con las rutas de interdicci??n.
Adem??s, el uso de un portaaviones para atacar lanchas r??pidas ???objetivos que normalmente enfrentar??an los guardacostas??? sugiere que la misi??n tiene un alcance estrat??gico mayor: control territorial, presi??n pol??tica y capacidad de respuesta r??pida ante cualquier incidente.
Implicaciones para Colombia
Por su ubicaci??n geogr??fica, su historia bilateral y la din??mica del conflicto interno, Colombia est?? en el epicentro de las implicaciones de esta operaci??n. Los riesgos se concentran en tres frentes principales.
Primero, riesgos inmediatos para la poblaci??n mar??tima colombiana. El Caribe y el Pac??fico colombiano son zonas donde operan pescadores artesanales, embarcaciones de transporte, comunidades costeras ind??genas y afrodescendientes, as?? como grupos armados ilegales, como el Eln y las disidencias de las Farc.
La presencia de fuerzas navales estadounidenses con capacidad destructiva masiva genera riesgos muy altos de confusiones entre lanchas civiles y criminales, dada la similitud de sus dise??os; interceptaciones err??neas, detenciones o incluso ataques accidentales; alteraci??n de rutas de pesca, lo cual afecta la seguridad alimentaria de miles de familias; enfrentamientos con grupos armados en zonas de tr??nsito compartido; y eventuales incidentes diplom??ticos si ciudadanos colombianos resultan muertos o heridos. Lejos de un riesgo abstracto, se trata de consecuencias humanitarias y econ??micas directas para regiones ya vulnerables como La Guajira, el archipi??lago de San Andr??s, Choc?? y Nari??o.
Segundo, hay una ruptura de la cooperaci??n bilateral en seguridad. La operaci??n ha deteriorado severamente la relaci??n entre Bogot?? y Washington. La decisi??n del presidente colombiano, Gustavo Petro, de suspender el intercambio de inteligencia ???tras la decisi??n del Reino Unido de dejar de compartir informaci??n debido a denuncias de violaciones de derechos humanos por el Pent??gono??? marc?? un quiebre hist??rico en la cooperaci??n antidrogas.
Petro ha insistido en que cualquier lucha contra las drogas debe respetar los derechos humanos de los pueblos del Caribe, distanci??ndose del paradigma del Plan Colombia. El resultado ha sido inmediato: Colombia pas?? de ser un aliado clave a convertirse en un pa??s bajo sospecha de ???insuficiente cooperaci??n???, lo que deriv?? en la descertificaci??n antidrogas y en sanciones contra funcionarios del Gobierno.
Esto reconfigura el equilibrio regional y deja a Colombia en una posici??n fr??gil frente a presiones externas.
En tercer lugar, hay un deterioro de la imagen internacional y consecuencias econ??micas. El uso recurrente de la expresi??n ???narcoterrorismo hemisf??rico??? por congresistas estadounidenses, acompa??ado de insinuaciones de que Colombia comparte problemas estructurales con Venezuela y Cuba, alimenta una narrativa peligrosa.
Este discurso perjudica la reputaci??n internacional del pa??s, desincentiva la inversi??n extranjera, afecta la cooperaci??n de agencias multilaterales e incrementa la polarizaci??n interna al convertir la pol??tica exterior en tema de disputa interna.
La ret??rica estadounidense sit??a a Colombia en un lugar inc??modo entre aliados y adversarios, lo que dificulta el desarrollo de una estrategia diplom??tica coherente.
Como resultado, Colombia enfrenta un in??dito y complejo dilema. Si apoya plenamente la operaci??n estadounidense, arriesga validar ataques letales que podr??an involucrar a ciudadanos colombianos y abrir un precedente de intervenci??n militar extranjera en sus mares. Si se opone frontalmente, profundiza la ya evidente crisis diplom??tica con Washington, lo que arriesga la asistencia econ??mica, la cooperaci??n en inteligencia y el respaldo internacional.
El pa??s est?? atrapado en una zona gris en la que no puede romper con Estados Unidos, ni avalar una operaci??n que pone en riesgo su soberan??a mar??tima y su seguridad humana.
Nuevo orden en disputa
Lanza del Sur marca un antes y un despu??s en la seguridad hemisf??rica. Constituye una militarizaci??n acelerada de la lucha contra las drogas, acompa??ada de una narrativa de defensa nacional que se agrava con el enfoque unilateral estadounidense. El portaaviones USS Gerald R. Ford funciona como s??mbolo de esta nueva etapa: el poder naval, la disuasi??n y un mensaje inequ??voco de supremac??a estrat??gica.
Para Colombia, el reto no es solo reaccionar a la operaci??n, sino recalibrar su posici??n en un hemisferio donde el narcotr??fico se ha convertido en la justificaci??n de acciones militares de gran escala. En un entorno donde se combinan riesgos de v??ctimas civiles, tensiones diplom??ticas y presi??n geopol??tica, debe definir con claridad su papel: ??actor subordinado, socio negociador, o defensor aut??nomo de sus mares y su poblaci??n?
Lo que ocurra en los pr??ximos meses determinar?? no solo el rumbo de la lucha antidrogas, sino tambi??n la arquitectura de seguridad en el Caribe y el Pac??fico para la pr??xima d??cada.
MARCELA ANZOLA (*)
Raz??n P??blica (**)
(*) Abogada de la Universidad Externado de Colombia,
LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, consultora independiente.??
(**) Raz??n P??blica es un centro de pensamiento
sin ??nimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan m??s incidencia en la toma de decisiones en Colombia.