Desaparecidos en Latinoam??rica, un drama que no cesa

En M??xico, nadie sabe d??nde est??n 133.000 personas y hay m??s de 72.000 cuerpos sin identificar. Por eso, algunas organizaciones defensoras de derechos humanos vieron como un hito hist??rico que Juan Pablo Alb??n, relator del Comit?? contra las Desapariciones Forzadas de la Organizaci??n de las Naciones Unidas (ONU), hablara sobre desapariciones forzadas en ese pa??s ante la Asamblea General, el 21 de octubre.

Ya en abril de 2025, el Comit?? hab??a activado en M??xico el art??culo 34 de la Convenci??n Internacional para la Protecci??n de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas . Y tras recabar informaci??n, buscar?? indicios fundados de que se trata de una situaci??n generalizada y sistem??tica.

De acuerdo con esa Convenci??n, la desaparici??n forzada consiste en el arresto, detenci??n, secuestro o cualquier otra forma de privaci??n de libertad en la que participan agentes estatales o ???personas o grupos de personas que act??an con la autorizaci??n, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privaci??n de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida???.

Estas acciones del Comit?? de la ONU son importantes, dice el periodista mexicano de #ConnectasHub Lauro Rodr??guez, porque permiten darle una visibilidad m??s amplia a la crisis de desapariciones . Adem??s, agrega, ???los colectivos ven esperanza en que al involucrarse la ONU se puedan generar estrategias con el Estado mexicano para que ahora s?? se pueda atender la crisis???.

Sin embargo, en respuesta al informe de Alb??n, el gobierno de Claudia Sheinbaum argumenta que el fen??meno de las desapariciones ???est?? principalmente vinculado con la delincuencia organizada???, como difundi?? en un comunicado. Asimismo, subray?? que el Gobierno combate esa crisis ???mediante una pol??tica de Estado basada en la prevenci??n, la investigaci??n y la sanci??n???. Y critic?? las afirmaciones del Comit?? por carecer de sustento.

Para Amnist??a Internacional, la respuesta del Gobierno mexicano es parcialmente cierta, porque ???ignora que en muchos de estos casos el crimen organizado opera con la autorizaci??n, apoyo o aquiescencia de las autoridades. Adicionalmente, tambi??n existen casos en los que son los servidores p??blicos directamente quienes cometen las desapariciones forzadas???, public?? en un an??lisis.

Los colectivos de b??squeda tampoco est??n de acuerdo con la postura del gobierno de Sheinbaum. Incluso, estiman que hay tres veces m??s personas desaparecidas que las reportadas oficialmente. ???No hay nadie que est?? vigilando que el registro nacional tenga datos certeros. La Comisi??n Nacional de B??squeda no supervisa que las autoridades estatales est??n enviando la informaci??n completa. Por ejemplo, Jalisco dej?? de enviar datos desde marzo de 2022 y hasta abril de 2025 no hab??a enviado un solo caso de personas desaparecidas. Ahora lo que se est?? haciendo es actualizar los casos antiguos sin reportar los nuevos porque no tienen tiempo de hacerlo???, asegura Rodr??guez.

Pero el tema va mucho m??s all?? de M??xico. La activaci??n del art??culo 34 es relevante para Latinoam??rica, donde ese pa??s aparece como el epicentro del fen??meno debido a la alta cantidad de casos y a lo complejo de la situaci??n, afirma la acad??mica salvadore??a Jeannette Aguilar. Advierte, no obstante, que en Am??rica Latina se ve un aumento de los casos de desaparici??n forzada ???de unos niveles de complejidad, de atrocidad, de barbarie, muy similares a los que observamos en M??xico???.

Seg??n analistas, en la regi??n podr??amos estar frente a una situaci??n a??n m??s grave que la vivida en la d??cada de 1970, cuando las dictaduras desaparecieron personas sistem??ticamente. Sin embargo, hoy dicha pr??ctica resurge asociada a grupos delincuenciales con actores diversos. En la actualidad hay, de acuerdo con Aguilar, agentes estatales, no estatales y paraestatales ???que en ciertas circunstancias, contextos y geograf??as se articulan y colaboran para ejecutar las desapariciones???. El problema es que muchos gobiernos dejaron que la crisis creciera y apenas est??n tomando cartas en el asunto.

As??, en este a??o, el Gobierno brasile??o inaugur?? el Observatorio de Personas Desaparecidas, para estudiar las causas, circunstancias y din??micas del fen??meno. La situaci??n en ese pa??s parece incluso superar la de M??xico, ya que, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Seguridad P??blica, entre 2015 y 2024, se esfumaron m??s de 756.000 personas, un promedio de 207 casos por d??a. Tan solo en 2024 superaron las 81.000, seg??n datos del Anuario Brasile??o de Seguridad P??blica.

Aguilar considera que muchos de los casos en la regi??n son, en realidad, homicidios y femicidios encubiertos . ???El fen??meno es de una gran envergadura, pero hay serios problemas de registro y falta de voluntad pol??tica de muchos gobiernos, principalmente por el alto costo pol??tico que les genera reconocer el fen??meno en su magnitud???, explica.

Lastimosamente, profundiza la investigadora , la situaci??n tambi??n est?? asociada a mecanismos de control y de violencia del Estado, sobre todo donde hay reg??menes con tintes autoritarios.

En Honduras, la Fundaci??n para la Justicia se??ala que no existen registros oficiales de gente desaparecida. En ese pa??s, ???la desaparici??n de personas constituye una crisis persistente que adopta m??ltiples manifestaciones, incluyendo la violencia, la migraci??n forzada, la trata de personas y los conflictos sociales???, apunta el comisionado nacional de los Derechos Humanos en su p??gina web. Para dar cuenta de la dimensi??n del problema, la Direcci??n Policial de Investigaciones informa que entre 2022 y agosto de 2025 desaparecieron 729 menores de edad, seg??n los registros oficiales.

Por su parte, en El Salvador, el fen??meno reapareci?? a principios del siglo asociado no solo a pol??ticas de mano dura del Gobierno, tambi??n se atribuye a que las pandillas ocultan los cuerpos de sus v??ctimas con un patr??n muy similar al que ejerc??an los escuadrones de la muerte . En Guatemala persiste la desaparici??n de infantes, debido a la continua presencia de redes de tr??fico de ni??os, incluso con complicidad del Estado, durante la ??poca del conflicto armado y la dictadura.

Llama la atenci??n Costa Rica, donde no hubo dictaduras militares ni tampoco hab??a antecedentes de desaparici??n de personas. Ahora en este pa??s crece este fen??meno, sobre todo vinculado al ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales en ciertos territorios.

???Estamos frente a cifras cada vez m??s espurias???, afirma Aguilar. Comparte que en los estudios que realiza con otros acad??micos de la regi??n han encontrado que los gobiernos saben de la existencia de cementerios clandestinos donde yace un gran n??mero de cuerpos, ???pero no hay voluntad pol??tica para reconocerlos. Esto genera un vac??o en la estad??stica oficial???.

En los pa??ses que viven bajo reg??menes dictatoriales la situaci??n es a??n m??s incierta. En Venezuela, Amnist??a Internacional document?? en un informe ???el uso generalizado de la desaparici??n forzada tras las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio de 2024???, enmarcadas en una pol??tica de Estado orientada a castigar a quienes cuestionan al Gobierno. Habla de m??s de 900 casos de personas privadas arbitrariamente de su libertad por motivos pol??ticos y sometidas a tortura y malos tratos, as?? como de 15 casos de v??ctimas de desaparici??n forzada.

Por su parte, el 30 de octubre, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua acus?? ante la Asamblea General de la ONU al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por haber ???desplegado una pol??tica deliberada para silenciar la disidencia mediante cr??menes de lesa humanidad, desapariciones forzadas y una represi??n que traspasa fronteras???.

Despu??s de haber analizado m??s de 9.300 documentos y realizado m??s de 1.900 entrevistas, el Grupo encontr?? un patr??n de violaciones graves, sistem??ticas y generalizadas cometidas desde 2018. ???Estas acciones constituyen, prima facie, cr??menes de lesa humanidad, incluidos asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, desaparici??n forzada y persecuci??n???, se??ala la propia ONU. Adem??s, en su informe, el Grupo de Expertos advierte que hay un aumento de casos ???profundamente inquietante??? en Nicaragua, donde es imposible saber la dimensi??n real del fen??meno.

A principios de octubre, expertos de la ONU instaron al Gobierno nicarag??ense a esclarecer la suerte y el paradero de m??s de 120 v??ctimas de desaparici??n forzada en el pa??s. Entre ellas se encuentran l??deres ind??genas defensores de la tierra y los recursos naturales, personas mayores, mujeres y personas vinculadas a partidos, adem??s de personas sin afiliaci??n pol??tica conocida.

Frente al fen??meno de la desaparici??n, el Comit?? Internacional de la Cruz Roja se??ala que una de las prioridades de los Estados debe centrarse ???en la prevenci??n mediante la adopci??n de un marco jur??dico especializado y el fortalecimiento de mecanismos de b??squeda e identificaci??n para la protecci??n de las personas en riesgo de sufrir una desaparici??n y de las personas afectadas por este hecho. Esto incluye a las personas fallecidas no identificadas para recuperar su identidad, as?? como la restituci??n a sus familiares???.

Sandra Odeth Gerardo, investigadora asociada al Grupo de Investigaciones en Antropolog??a Social y Forense, confirma que en M??xico s?? existen leyes y mecanismos para atender los casos de personas desaparecidas, pero esto es por la presi??n que han ejercido las familias de las v??ctimas, no por iniciativa del Estado. Incluso, afirma que eso tuvo mucho que ver con que la ONU activara el art??culo 34. La investigadora critica a los actuales gobiernos de izquierda porque con su llegada al poder prometieron apoyo, ???y no solo no cumplieron, sino que han tenido un negacionismo tremendo???.

Aun as??, de acuerdo con Gerardo, algunos pa??ses centroamericanos miran a M??xico como un Estado modelo en t??rminos de legislaci??n y est??n en v??as de adoptar medidas para hacer frente a sus propias crisis.

En Honduras, por ejemplo, existe presi??n social y pol??tica para que el Estado apruebe la Ley de B??squeda y Protecci??n Jur??dica de Personas Desaparecidas, para atender esta ???crisis persistente que adopta m??ltiples manifestaciones???.

En Chile, apenas el 15 de octubre se promulg?? una ley para crear el Registro de Ausentes por Desaparici??n Forzada, la cual constituye una herramienta de reparaci??n simb??lica para quienes fueron v??ctimas durante la dictadura, entre 1973 y 1990.

La mayor parte de los casos de desaparici??n forzada en Argentina se concentran en tiempos de los gobiernos militares , de 1976 a 1983. Hoy, no obstante, el Comit?? de la ONU se muestra preocupado por la lentitud de los tribunales, lo cual puede ???dar lugar a la impunidad por la muerte de los perpetradores o a que las v??ctimas mueran de vejez sin obtener justicia???.

En Colombia, a pesar de la firma de los acuerdos de paz de 2016, el Comit?? de la ONU se??ala que las desapariciones siguen ocurriendo, ???tanto en el contexto de los conflictos armados como fuera de ellos???. Asimismo, considera que los actores violentos usan la desaparici??n forzada como m??todo de terror para controlar territorios.

Se trata de un panorama verdaderamente continental. De ah?? la importancia de mantenerlo presente en la conversaci??n de muchos pa??ses, porque lo que no se habla parece no existir. Con el agravante de que, como puede verse, la magnitud del problema sigue siendo un enigma. Por eso, las acciones del Comit?? contra las Desapariciones Forzadas de la ONU deber??an trascender fronteras y plantear mecanismos eficientes para hacer frente a una situaci??n que mantiene en tortura permanente y en duelos irresueltos a miles de personas en la regi??n.

(*) Periodista mexicano, miembro de la mesa editorial de Connectas; doctor en Lenguajes y Manifestaciones Art??sticas y Literarias, y m??ster en Pensamiento Espa??ol e Iberoamericano por la Universidad Aut??noma de Madrid.

(**) Connectas es una iniciativa period??stica sin fines de lucro que promueve la producci??n, el intercambio, la capacitaci??n y la difusi??n de informaci??n sobre temas claves para el desarrollo de las Am??ricas. Este art??culo fue editado por razones de espacio.

En Colombia, la desaparici??n forzada ha sido un fen??meno especialmente ligado al conflicto armado que por m??s de medio siglo ha vivido el pa??s, tanto as?? que, tras la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc, se cre?? un mecanismo extrajudicial enfocado en la b??squeda de las personas de quienes se perdi?? el rastro en medio del conflicto, la Unidad de B??squeda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que registra que 135.396 personas desaparecieron en ese contexto, aunque en este universo de v??ctimas solo se incluyen los casos ocurridos antes del 1.?? de diciembre de 2016.??

De este universo, 110.172 v??ctimas son hombres, seg??n los registros de la UBPD, a los que se suman 18.059 mujeres que desaparecieron y 7.165 personas m??s sobre las que no se registra informaci??n de su sexo.

Si bien en Colombia se registran casos incluso desde la d??cada de 1940, fue en los 2000 que se presentaron m??s desapariciones, con un pico m??ximo de 7.876 casos en 2002. Adem??s, seg??n los registros, la mayor??a de los desaparecidos en el contexto del conflicto eran adultos de entre 29 y 59 a??os (49.443), seguidos de j??venes de entre 18 y 28 a??os (31.679); a ellos se suman 13.676 personas que ten??an m??s de 60 a??os al momento de desaparecer, 9.577 que ten??an entre 12 y 17 a??os, 1.314 ni??os de entre 6 y 11 a??os, y 464 que no superaban los 5 a??os de edad. Adicionalmente, de 29.243 personas no hay informaci??n sobre su edad.

En cuanto a las regiones en las que ocurrieron estos hechos, Antioquia encabeza el listado, con 27.442 registros, en segundo lugar, seg??n los datos de la UBPD, se ubica Meta con 9.266 casos, seguida de Valle del Cauca (8.764), Norte de Santander (5.635) y Santander, con 5.424, en los primeros cinco lugares.

Sin embargo, as?? como la violencia no ha parado en Colombia, tampoco se han frenado las desapariciones forzosas. El Comit?? Internacional de la Cruz Roja (CICR), que documenta diversas violaciones de derechos humanos enmarcadas en el conflicto, se??al?? que entre el 1.?? de diciembre de 2016, cuando entr?? en vigor el acuerdo de paz, y el 31 de julio de 2025 hab??a documentado 2.144 casos de desaparici??n , la mayor??a correspond??a a civiles y entre ellos se contaba a 201 menores de edad.

De esos m??s de 2.000 casos ocurridos en ese periodo se conoci?? que 574 personas fueron encontradas con vida, mientras que en 190 casos se confirm?? su fallecimiento y los cuerpos fueron recuperados, identificados y entregados de manera digna. En ese sentido, de acuerdo con la informaci??n del CICR, hay 1.380 casos que siguen abiertos, en los que las familias a??n desconocen el paradero de sus seres queridos.

Seg??n la ley, la b??squeda de estas personas ???tanto las desaparecidas antes de 2016 como las que lo han hecho despu??s??? es un deber del Estado, que hist??ricamente ha tenido distintas entidades a cargo de esas labores.??

Por ejemplo, despu??s del 2006, tras la desmovilizaci??n de los grupos paramilitares, fue la Fiscal??a General de la Naci??n la que lider?? la b??squeda, recuperaci??n e identificaci??n de los cuerpos; despu??s de la firma del acuerdo de paz, la UBPD lleg?? a sumar esfuerzos frente a los casos ocurridos hasta diciembre de 2016; paralelamente, la Jurisdicci??n Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia creado por el acuerdo de paz, tambi??n ha dispuesto medios para la b??squeda de personas desaparecidas.

Adicional a las acciones estatales, entidades no gubernamentales como el CICR se han sumado desde hace d??cadas al trabajo de las familias para encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

Adem??s, en mayo del 2024, tras haber sido aprobado dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en Colombia arranc?? formalmente el Sistema Nacional de B??squeda de Personas Desaparecidas en contexto y en raz??n del conflicto armado (SNB), creado para articular los esfuerzos de los distintos actores p??blicos, privados y sociales en aras de impulsar la b??squeda de esas m??s de 130.000 personas de quienes sus familias a??n esperan noticias.

Redacci??n Domingo [email protected]